Opinión
Se cumplieron 19 años del hallazgo de Felicita al pie del cerro Yaguarón, asesinada y con rastros de abuso sexual. Antes ya había sido víctima de la violencia estructural que parte desde el mismo Estado, el cual permitió que ella pasara por una extrema pobreza y una situación de completa vulnerabilidad.
Por Lida Duarte
Nunca tuvo justicia, hace meses apenas hubo una errónea detención del supuesto atacante, pero ningún otro avance en la investigación. En su memoria se recuerda cada 31 de mayo el Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el decreto presidencial N° 3219/2004, pero además de esta conmemoración, poca progresión se observa en los derechos de esta población.
Entre 2021 y marzo de este año, la Fiscalía recibió casi 14.300 denuncias por abuso sexual infantil, estupro, maltrato y pornografía con víctimas, niñas, niños y adolescentes, lo que indica un promedio de 17 casos por día.
La violencia se perpetra mayormente en el entorno familiar, de ahí la importancia de entender que el Estado es garante de los derechos de la niñez y aunque grupos antiderechos intenten devolver esta problemática a lo privado, ya hace mucho forma parte de la esfera pública y no hay otro camino más que avanzar con políticas públicas para el bienestar integral de todas y todos.
Esta misma semana conocimos el caso de una niña de 13 años que dio a luz producto del abuso sexual al que le sometía su abuelo. La madre de la víctima denunció el hecho y fue amenazada, pero además quedó a cargo de dos menores sin posibilidad de trabajar. Lamentablemente, no es un caso aislado.
También esta misma semana el senador electo, Rafael Esquivel, alias Mbururu, intentó obtener permiso para salir de la cárcel y asistir al acto de proclamación organizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Fue solo un evento protocolar, en realidad ya lo proclamaron antes y a pesar de todas las denuncias en su contra, incluyendo una imputación por el supuesto abuso de una niña de 12 años, casi de la misma edad de Felicita, aún no hay una negativa definitiva a su juramento en el Congreso.
Para que estos casos dejen de ser una constante, los tratados internacionales a los que está suscripto Paraguay piden incorporar principios de igualdad y perspectiva de género en todas sus políticas públicas, porque esta problemática no tendrá solución solo desde el lado punitivo, donde además persiste una dilación para obtener justicia.
Por eso también se discute la necesidad de incorporar herramientas en el sistema educativo y en esa línea se trabajó en un plan de transformación educativa, pero el Gobierno conservador y obsesionado con mantener los votos duros para el Partido Colorado, va cediendo a los absurdos que vociferan los antiderechos, con el polémico pastor Miguel Ortigoza como líder.
Afortunadamente, la sociedad civil no se cruza de brazos, Familias por la Educación Integral en el Paraguay viene trabajando para abrir el debate sobre una educación intercultural, inclusiva, con perspectiva de género y participación real.
Así también se levantó contra el posible juramento de Mbururu como senador, pues de ninguna manera puede ser responsable de la construcción de políticas y mucho menos para las que se relacionan a la niñez y adolescencia. Se une así a la campaña del Movimiento contra la Violencia Sexual Hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que convoca a movilizaciones este sábado en Asunción y Ciudad del Este con la consigna ¡Que los abusadores no lleguen al poder!
De momento, Mbururu no podrá asistir al acto de juramento porque está preso, pero insiste con un permiso y además pretende usar fueros para quedar impune. Así que queda en manos del Congreso la decisión final, donde hay imputados por otras causas que gozan del apoyo del partido hegemónico.
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