Una vez más, nos enfrentamos al resultado más atroz de un sistema que no protege la vida ni la integridad de las adolescentes. María Fernanda tenía derecho a vivir, a desarrollarse en libertad y sin miedo. Su asesinato no es un hecho aislado: es reflejo de una violencia estructural que naturaliza las agresiones hacia las adolescencias, en particular hacia las niñas y adolescentes mujeres.
Exigimos a las autoridades una investigación rápida, rigurosa y con enfoque de derechos humanos, que garantice justicia sin revictimización.
La violencia sexual y feminicida hacia adolescentes no puede seguir siendo invisibilizada ni tratada como un hecho particular. La negligencia del Estado en la prevención, protección y acceso a la justicia contribuye a que estas violencias persistan y se profundicen.
Hacemos un llamado urgente a:
- Las instituciones del Estado, para que prioricen la vida de las adolescencias con políticas públicas reales, recursos y voluntad política efectiva. Principalmente una política de Educación Integral de la Sexualidad con enfoque de derechos, que cuestione las prácticas culturales que violentan y que brinde información para construir vínculos sin violencia y tomar decisiones responsables.
- Los medios de comunicación, para que aborden estos casos con responsabilidad, sin morbo ni estigmatización de la víctima o su entorno.
- La sociedad en su conjunto, para no mirar hacia otro lado. Cada niña, niño y adolescente merece crecer con dignidad, sin ser objeto de abuso, violencia o impunidad.
¡Justicia para María Fernanda! ¡Basta de violencia sexual y feminicida!